Según informes de Reuters, ciertos partidarios de Donald Trump están desarrollando planes para disminuir la autonomía del Departamento de Justicia de EE. UU., con la intención de transformarlo en un ente que respalde causas conservadoras. Nueve individuos relacionados con esta iniciativa han compartido detalles sobre las propuestas.
La implementación exitosa de estas reformas podría significar un cambio significativo en una potencial segunda administración de Trump, considerando el papel crucial del Departamento de Justicia en la salvaguarda de las instituciones democráticas y la preservación del estado de derecho.
Esto también implicaría un cambio radical respecto a la misión declarada del departamento, que enfatiza la “independencia e imparcialidad” como sus valores esenciales.
Trump, quien ha sido objeto de múltiples investigaciones por parte del Departamento de Justicia, ha prometido en su campaña electoral reformar la entidad si resulta electo en los comicios presidenciales del 5 de noviembre. Ha declarado su intención de utilizar el departamento para emprender acciones legales contra sus adversarios políticos, incluyendo al presidente demócrata Joe Biden.
El enfoque del plan es doble, de acuerdo con las nueve fuentes consultadas por Reuters:
- Incorporación de Conservadores: Llenar el Departamento de Justicia con conservadores comprometidos que probablemente no se opondrán a órdenes polémicas provenientes de la Casa Blanca.
- Reestructuración Institucional: Modificar la estructura del departamento para que las decisiones críticas recaigan en manos de individuos leales al gobierno, en lugar de funcionarios de carrera.
Además, se contempla imponer nuevas limitaciones a la autoridad del FBI, que muchos republicanos perciben como parcial en su contra, y transferir varias de sus responsabilidades a otras agencias de aplicación de la ley.
Steve Bannon, un aliado estratégico de Trump que ha enfrentado procesos legales por parte del Departamento de Justicia y ha sido condenado por desacato al Congreso, expresó: “No es solo una cuestión de personal. Es necesario no solo purgar sino también reformar el Departamento de Justicia.”
La reforma permitiría a la administración Trump adoptar medidas políticas conservadoras, como desmantelar programas de contratación diseñados para fomentar la diversidad laboral y eliminar la supervisión federal sobre departamentos de policía acusados de prácticas discriminatorias.
En respuesta a las consultas de Reuters, la campaña de Trump remitió a una declaración de diciembre de los codirectores de campaña, Susie Wiles y Chris LaCivita, quienes advirtieron que cualquier comunicación que no provenga directamente del presidente Trump o de un miembro autorizado de su equipo de campaña no debe considerarse oficial.
La campaña de Trump mantiene un equipo reducido de personal de políticas y mantiene contacto frecuente con grupos externos que hacen recomendaciones sobre el Departamento de Justicia.
Con la ventaja de Trump en la mayoría de los estados, sus asesores podrían tener la oportunidad de implementar sus propuestas.
Aunque las intenciones de Trump de reestructurar el Departamento de Justicia son conocidas, se ha prestado menos atención a las medidas específicas que sus aliados y asesores defienden.
Dos prominentes partidarios de Trump indicaron a Reuters su apoyo a la eliminación del abogado general del FBI, un cargo que generó controversia entre los republicanos durante la presidencia de Trump por su rol en la autorización de una investigación sobre los vínculos entre su campaña de 2016 y funcionarios rusos.
El portavoz de la campaña de Biden, Ammar Mousa, criticó la postura de Trump y sus aliados, acusándolos de anteponer la venganza personal de Trump al bienestar de Estados Unidos. El FBI no ha emitido comentarios al respecto.
Política No Convencional Los partidarios de Trump sostienen que el presidente, como líder del poder ejecutivo, debería tener amplia autoridad para dirigir y supervisar el Departamento de Justicia según su criterio.
Esta perspectiva es rechazada por la mayoría de los demócratas y algunos republicanos, quienes argumentan que el Departamento de Justicia necesita mantener una independencia particular debido a su responsabilidad de administrar justicia de manera imparcial, lo que a veces incluye investigar a aliados políticos del presidente.
Kristy Parker, exfiscal federal y actual miembro de Protect Democracy, una organización legal sin fines de lucro, señaló: “Las disputas son normales… eso es política convencional. Lo que no es convencional es abandonar la idea de que el Departamento de Justicia debe mantener una separación clara de la agenda política personal del presidente.”
Varios partidarios de Trump vinculados al consorcio de think tanks conservadores “Proyecto 2025” están elaborando planes detallados para una segunda presidencia de Trump. Project 2025 ha declarado a Reuters que no puede hablar en nombre de la campaña de Trump.
Estos aliados también están revisando regulaciones federales en busca de maneras de incorporar conservadores destacados al Departamento de Justicia desde el comienzo de un posible nuevo mandato de Trump.
Trump enfrenta actualmente 88 cargos en cuatro casos penales, dos de los cuales fueron presentados por el Departamento de Justicia, relacionados con esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones de 2020, retención de documentos clasificados tras dejar el cargo y supuestos intentos de ocultar un pago de soborno a una celebridad.
Trump, de 77 años, niega cualquier irregularidad en todos los casos y argumenta que los cargos son prueba de un sesgo en su contra por parte del Departamento de Justicia, lo cual el departamento niega, asegurando que lleva a cabo todas sus investigaciones de manera imparcial.
Control sobre el FBI Algunos aliados de Trump no comparten su retórica de venganza, pero coinciden en que debería tener mayor control sobre el Departamento de Justicia y el FBI.
Steve Bradbury, exfuncionario de Justicia y brevemente secretario interino de Transporte bajo Trump, comentó: “Cuando tienes centros de poder con enormes recursos, capacidad coercitiva y herramientas de investigación, y se asume que son independientes del control presidencial, eso puede conducir al abuso de poder.”
Bradbury y Gene Hamilton, otro alto funcionario del Departamento de Justicia durante la administración Trump, apoyan la idea de eliminar al abogado general del FBI.
Ambos contribuyen con ideas para el Proyecto 2025 y respaldan un cambio en la cadena de mando del Departamento de Justicia para que el director del FBI reporte a dos asistentes del fiscal general designados políticamente.
Actualmente, el director del FBI reporta al subsecretario, un funcionario de alto rango que, en la práctica, tiene una amplia cartera de responsabilidades. Bradbury y otros expertos legales sugieren que este cambio podría realizarse sin necesidad de aprobación del Congreso y argumentan que es necesario para alinear las prioridades de aplicación de la ley de la agencia con las preferencias políticas de la Casa Blanca. Críticos advierten que estas medidas podrían socavar la independencia del Departamento de Justicia y el FBI.
